En España, conseguir una plaza de funcionario mediante oposición equivale prácticamente a obtener un empleo de por vida. Una vez superada la oposición y adquirida la condición de funcionario de carrera, las posibilidades de despido son mínimas, salvo en circunstancias excepcionales que nada tienen que ver con la economía (como el resto de trabajadores) ni siquiera con la solvencia del Estado. Los datos lo corroboran: en más de dos décadas, han sido muy pocos los funcionarios que han perdido su plaza… y la mayoría por condenas penales, ninguno por una crisis económica que haya desequilibrado las arcas del Estado o comunidad autónoma (ni cuando el déficit público superó el 10% del PIB durante la crisis financiera). Aunque el mercado laboral convencional está directamente ligado y relacionado con la economía, el del empleo en el sector público no guarda esta relación tan estrecha. Estas cifras evidencian el férreo blindaje laboral del empleo público español en casi cualquier tipo de contexto.
Por qué no se puede despedir a un funcionario en España aunque el Estado esté al borde de la quiebra
